ESTE ARTÍCULO es el cuarto que dedico en esta bitácora al luctuoso tema del vuelco de porterías y canastas móviles. Seguiré recordando a los irresponsables que dirigen el cotarro deportivo que se debe legislar sobre algo tan evitable, obligando al anclaje a suelos o paredes de los equipamientos deportivos móviles en polideportivos, canchas exteriores y centros educativos y deportivos, ya sean públicos o privados.

Escribía mi último artículo sobre este particular —que titule «Ha vuelto a morir un niño»— el 10 de julio de 2007. Tan sólo trece días después, el 23 de julio, moría un joven francés en L’Estartit (Girona). El menor, de 17 años de edad, recibía el impacto del larguero en la cabeza tras apoyarse en uno de los postes y ceder el conjunto. Al menos tres son los niños muertos por desprendimiento o vuelco de equipamiento deportivo en 2007.

Hace menos de un mes, el 13 de marzo de este año, moría un niño de 15 años en Alcorcón (Madrid) también como consecuencia del vuelco de una portería.

Los responsables municipales, sin duda para intentar salvar sus gruesas fajas, llegaron diciendo que el equipamiento cumplía «toda la normativa europea y española para este deporte». Sesgadas y arteras me parecen las declaraciones de un tal Salomón Matías, concejal de deportes de ese ayuntamiento. Señor, no se trata de que la portería cumpliese las normativas para ese deporte FEDERADO, matiz que ha olvidado usted enfatizar.

La portería se encontraba en una cancha exterior que no estaba siendo usada para la práctica de deporte federado en el momento del accidente. Y es tan evidente que el ayuntamiento estaba permitiendo el acceso a esa cancha con finalidades alejadas de la práctica federada como que la portería no disponía de sistema antivuelco. Ergo, el ayuntamiento de Alcorcón es responsable de esta muerte por accidente (ver artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas), y ya veremos si les imputan negligencia.

Continúa zascandileando Salomón Matías con un sofisma en la frase “la Federación Española de Fútbol Sala aconseja [no anclarlas] para evitar accidentes de los propios jugadores”. Luego entonces no hay normativa federada a la que atenerse, tan sólo una mera recomendación y únicamente a efectos federativos (por no hablar de que el CSD no reconoce —en el día de hoy— ninguna Federación Española de Fútbol Sala).

Recomendación carente de peso pues los ayuntamientos son soberanos en cuanto a la aplicación de las normativas de seguridad en sus instalaciones deportivas. Pero es que el reglamento de fútbol sala (PDF) de la RFEF (reconocida por el CSD) —ver la página numerada como 14 en el documento (al que le falta la página 8)— , sí estipula:

Seguridad.—
Las metas deberán disponer de un sistema que garantice la estabilidad, impidiendo su vuelco. Se podrá utilizar metas portátiles que garanticen la misma estabilidad que las metas habituales.

Ese bulo del peligro que supone para los jugadores el chocar contra una portería anclada es fácilmente desmontable. Existen métodos para que la portería quede sujeta a la pared o anclada al suelo sin posibilidad de vuelco pero con cierta posibilidad de movimiento que hace que un jugador de fútbol sala no vaya a chocar contra un obstáculo fijo.

Sin ir más lejos, el CSD dispone un sistema antivuelco en la Normativa de Instalaciones Deportivas y de Esparcimiento (NIDE) —repito: y de esparcimiento—. Luego, señor Matías Matías, sí existe normativa española respecto al sistema antivuelco de las porterías de fútbol sala y balonmano. Sólo que, incomprensiblemente, no es de obligado cumplimiento para todos (leer el tercer párrafo del punto 2).

Llega así la responsabilidad al inefable Jaime “Multimedia” Lissavetzky, señor del CSD, Secretaría de Estado para el Deporte en España.

El ya conocido por estos pagos bitacoreros, don Jaime Lissavetzky Díez, gusta de las pompas y el boato que su cargo sin duda merecen. Pero el hombre sólo ha centrado su afán regulador en la siempre mediática vía profesional del deporte.

Así hemos visto como tras la muerte de un joven en Sevilla (Antonio Puerta), Jaime Lissavetzky corrió a organizar una reunión en su CSD con expertos en cardiología —sin olvidar anunciarla a bombo y platillo— para que todas esas eminencias disertaran sobre tema tan controvertido como el de la muerte súbita en deportistas profesionales.

Dado el momento euforizante elegido, la reunión concitó una vez más a todos los tebeos deportivos que se publican en este país. Hasta del muerto “profesional” supieron sacar su tajada de gloria.

Sin embargo las muertes de los niños españoles por culpa del vuelco o desprendimiento de equipamientos deportivos no parecen conmover al Secretario de Estado para el Deporte hasta el punto de organizar una comisión que acabe dictando la obligatoriedad de anclar esos equipamientos para los titulares de las instalaciones deportivas (ayuntamientos, centros escolares, centros deportivos, etc.), y su revisión periódica y exhaustiva.

¿Tendrá que tocarle al hijo de un ministro, un diputado o un senador para que se mueva la burocrática y —cada vez más— mediática maquinaria del Estado?

1 de abril de 2008

CUANDO UN político cae en contradicciones es que lo que se trae entre manos presenta dobleces. No obrar conforme a supuestas convicciones y ser divergente con actuaciones pasadas defendidas a capa y espada puede significar que se mide con diferentes raseros, lo cual lindaría con el engaño al contribuyente. Y es deber de un ciudadano exponerlas para lectura y análisis de los demás tributarios.

Los dardos de mis dos últimos artículos tuvieron como objeto al siempre mediático Jaime Lissavetzky. Y éste de hoy lleva el mismo destinatario como consecuencia de una charla en “El Abrevadero” que tuvo precisamente esos artículos como tema (cerrándose así, de alguna manera, un círculo).

Los fieles de esta bitácora ya conocen “El Abrevadero” y el ambiente que allí reina. Las charlas y las discusiones son siempre bienvenidas —teniendo presente que discutir no es reñir— y cualquiera puede sumarse al debate, enriqueciéndolo con sus puntos de vista.

La conversación giraba sobre esos dos artículos (Mari, el dueño, se encarga de imprimir un par de copias de cada artículo —incluido éste— y de dejarlas en la barra; en realidad fue a instancias suyas que añadí la utilidad de la versión imprimible que aparece al final de los artículos). Un par de parroquianos afirmaban que me movía una fijación personal con el actual Secretario de Estado para el Deporte.

Expuse que estos días atrás el presidente del CSD se ha contradicho de forma poco evidente pero tan palmaria que cuando la calas te das cuenta de que carece de rigor en principios de los que ha hecho bandera. Quizá es que sólo le interese ondear insignias y no lo que ellas representan…

Cuando el CSD, comandado por Lissavetzky, se involucró en la lucha contra el dopaje, quedó claro que era el Gobierno español quien desde sus instituciones —Secretaría de Estado y Ministerio correspondientes— tomaba la iniciativa sobre el mundo del deporte. En su día dije que esa intromisión institucional estaba lejos de ser legítima, aunque hubiera sido legitimada a través de la vía legislativa (ahí queda la nómina de leyes y actos contra el dopaje que lleva a sus espaldas en tan sólo cuatro años el señor Lissavetzky Díez).

En aquellas fechas manifesté inequívocamente que era el propio mundo del deporte quien debía depurar responsabilidades y desintoxicarse a sí mismo.

Está claro —la reciente escalada institucional antidopaje da prueba de ello— que los mandamases del Gobierno español no pensaban como yo. No sería aventurado decir que en opinión de ellos el estado en que se hallaba sumido el sistema competitivo profesional precisaba la intervención del Estado.

Así pues, decidieron intervenir en la esfera privada del deporte. Y lo hicieron en la esfera más privada del movimiento deportivo, su sanctasanctórum: el deporte profesional.

La vía privada del deporte la conforman los clubes y las federaciones deportivas. Es la propia legislación del Estado español quien reconoce ese carácter privado. Los poderes públicos se reservan las acciones de promoción y fomento del deporte a través de la colaboración, entre otras medidas, con estas entidades privadas.

El deporte profesional coadyuva sólo tangencialmente a fomentar la adquisición de hábitos de vida sanos por parte de la población. Pero el deporte profesional no es cultura, sino empresa (de ahí que la intervención del Estado en el deporte profesional no fuera legítima).

Cuando los Estados intervienen en el deporte profesional —siempre he criticado la forma en que lo han hecho— es por la inhibición que ha demostrado en asunto de la gravedad del dopaje el conjunto del mundo del deporte: clubes, federaciones nacionales e internacionales, árbitros y médicos deportivos, organizadores profesionales, medios de comunicación y aficionados…

Ahora son los organizadores quienes tomando la iniciativa han excluido al equipo ciclista Astaná del Tour 2008, habida cuenta de que su pasado más reciente parece estar vinculado al dopaje organizado.

¡Caramba!, como la exclusión implica que el español Alberto Contador no disputara la máxima prueba del ciclismo profesional —como campeón vigente que es de la anterior edición— a Lissavetzky no le vale ahora que sea el propio mundo del ciclismo el que haya decidido expurgarse, y sale diciendo que va a hablar con el Tour para que modifiquen su planteamiento.

A esto se le llama utilizar dos filos. Me dijeron una vez que los cuchillos de dos filos se llaman puñales, y que sólo sirven para una cosa.

26 de febrero de 2008

LA ESTRATEGIA de radicalizar la lucha contra el dopaje está deparando momentos esperpénticos (cosa que era de esperar). Si la costumbre hace ley —que viene a ser un aforismo del derecho romano: consensus facit legem—, no es de recibo entrar en una comunidad democrática con la espada en la mano para poner orden allí donde las cosas llevaban años torcidas.

Pretender acabar con las prácticas del dopaje en el deporte dando mandobles a diestro y siniestro tiene que llevar necesariamente a situaciones en las que la intransigencia y la “tolerancia cero” acaben imponiéndose, por enroque, a la aplicación del sentido común.

Desde hace unos meses se está sancionando a deportistas por el uso de crecepelos. El caso más sonado ha sido el del brasileño Romario: «Romario da positivo por un crecepelo».

En España existen otros dos casos, aunque con menor repercusión mediática: José Antonio Pecharromán (ciclista) y Borja Criado (futbolista).

Con la mentalidad de los tenaces luchadores contra el dopaje no es plausible autorizar el uso de crecepelos que contengan alguna sustancia prohibida. Piensan que si ceden se abrirá una puerta al dopaje encubierto por mediación de las AUT. ¡Todos los deportistas acabarían siendo alopécicos con tal de justificar la presencia de ciertas sustancias en su organismo!

Y no les falta razón. El ganador del Tour 2006, Óscar Pereiro, ¡es asmático!. El propio Floyd Landis y el mismísimo Lance Armstrong son enfermos. Ya he dejado constancia en otra ocasión de cómo el total de la tripulación de una trainera (13 remeros y el timonel) gozaban de autorizaciones para uso terapéutico (AUT), por lo que se administraban ciertos medicamentos que otros más sanos ni podían oler.

¿Quieren oír un desafuero? El Frenadol PS® lleva entre sus componentes una sustancia llamada pseudoefedrina, calificada como estimulante. En la última relación del CSD sobre sustancias prohibidas en el deporte la pseudoefedrina ya no es considerada una sustancia prohibida. ¿Cuántas veces los ciclistas han tenido que correr con un catarro o una gripe y no han podido ni acercarse al medicamento que les aliviaría?

Es probable que hace unos años alguien perdiera su título de campeón por el uso de ese medicamento —o por el de un anestésico local, que también han dejado de estar prohibidos—. Si los efectos de la sustancia no han cambiado, ¿qué es lo que ha cambiado?

¿Hubo investigaciones que desaconsejaron mantener la sustancia en la lista negra? ¿O ha cambiado la mentalidad de los que deciden qué autorizar y qué prohibir? Si ha sido esto último yo quiero saber cuánto ha costado que revisaran sus conceptos.

Ahora tenemos la guerra con los crecepelo. ¿Van a acabar permitiendo las sustancias que contienen dentro de cuatro o seis años? El caso de Borja Criado es especialmente sangrante. Nos insinúan en la noticia que Manuel Fonseca, Director General de Deportes, parece que se hubiera propuesto acabar con la carrera del chaval, pues había sido absuelto en primera instancia (me temo que la solicitud de AUT llega tarde).

Además el finasteride, la sustancia prohibida del crecepelo, no lo está por ser una sustancia dopante, sino una sustancia enmascarante (prohibida igualmente, pero no por mejorar el rendimiento deportivo). ¿Habrá que ir al boticario con el catálogo farmacológico en la mano?

La escalada de despropósitos que encabeza nuestro creído CSD culminará el día que cometan una tropelía de bulto en nombre de su sacrosanta y alocada cruzada. Pero entonces será tarde para corregir los atropellos de que han sido víctimas otros deportistas que habrán ido quedando en el camino.

Llevo tiempo diciendo —y no pienso cansarme de recordarlo— que la solución contra el dopaje debía haberse planteado a largo plazo —a quince o veinte años— y tratar de erradicar este hábito arraigado desde hace mucho tiempo en el mundo del deporte a través de la educación y la concienciación. Pero claro, eso no proporciona medallas a los manolofonsecas que precisan de exhibirlas para salir en las fotos o medrar en el escalafón.

Nota: Me he tomado la molestia de picar la Resolución (67) 12, sobre el dopaje de los atletas, por si a alguien le puede servir de inspiración (no la he encontrado en Internet).

Esta Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa, que data de 1967, no sólo es la primera que emitió este comité sobre el asunto del dopaje, sino que también es la primera (según mis fuentes) que se emite referente al deporte desde lo que hoy es la Unión Europea (a España le quedaban casi 20 años para ingresar en la CE).

Los que gusten de leerla (es breve y se lee con suma facilidad) notarán la sencillez con la que se aborda la problemática y encontrarán los motivos iniciales —y por ello más puros— que dieron pie a la lucha contra el dopaje. Que hace 40 años un Comité de Ministros se tomara la molestia de publicar este documento, detectando contraindicaciones sociales, quiere decir que el dopaje ya existía mucho antes.

18 de febrero de 2008