CUENTA LA historia que Tomás de Torquemada fue un inquisidor duro e implacable; durante su mandato fueron quemadas más de diez mil personas y sufrieron horrendos castigos más de veintisiete mil en nombre de la pureza.

Sirviéndose del aparato del Estado, Torquemada creó una agencia que vino a llamarse la Inquisición española, desde la que se vigiló la vida privada de cada individuo, alentando la delación entre vecinos con la finalidad de perseguir a herejes y críticos con el Santo Oficio —nombre ya de por sí equívoco y burlón.

Torquemada, obnubilado por su credo y respaldado por el Estado y la Iglesia de aquella época, creía ciegamente en las medidas adoptadas, y acabó convertido en un fanático que extendió el miedo e infligió castigos desproporcionados.

El siglo XXI nos ha traído los nuevos Torquemada al mundo del deporte, amparados por los Estados y esa nueva Iglesia que es el COI, que no es otra cosa que una entidad privada que se ha arrogado la representación del deporte internacional, habiendo absorbido tal cantidad de poder que sus dirigentes son capaces de sentarse en igualdad de condiciones con los representantes de los Estados.

Estos modernos Torquemada alientan también la delación entre compañeros, y condenan a la hoguera de la sanción perpetua a quienes cometen la torpeza de dejarse pillar en un control antidopaje.

La fuerza con la que han irrumpido en el escenario deportivo mundial, sin medir las consecuencias de su cruzada impetuosa, escudándose para ello en la defensa de la salud de aquellos a quienes van a sancionar con severidad, les lanza en contra de los principios que dicen defender.

Cegados por un respaldo popular ganado en base a creencias que siguen sin demostración científica y excomulgando por herejía a quien discrepe con ellos, alardean de respetar la presunción de inocencia del deportista cuando en un primer análisis sus muestras de sangre o/y orina han dado positivo por dopaje.

Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, reza aforísticamente el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Sin embargo niegan, porque no conviene a sus fines, aplicar el derecho inalienable de la presunción de inocencia a la vida íntima del deportista. Se presume culpable de doparse a todo deportista y por ello se les exige que estén localizables 24 horas al día 7 días a la semana, como si de delincuentes en libertad vigilada se tratara.

Los deportistas de elite, por mor de esa norma, carecen del derecho a la intimidad personal para los Torquemada actuales, que no satisfechos con esto proponen ahora con nombre equívoco y burlón el “pasaporte biológico”, otro atentado más a ese derecho a la intimidad personal.

La escalada en la represión del dopaje parece justificarlo todo para estos inquisidores que se creen con derecho a regular lo que nunca debió de salir del ámbito privado. El deporte, tras haberse ido institucionalizando, es hoy dejado en manos de una corporación privada multinacional. Ahora piden que los deportistas les cedan su herencia más preciada: la información biológica. ¿Qué haría Torquemada, martillo de herejes, en posesión de este poder?

18 de noviembre de 2007