Este verano, aun sin vacaciones, he aprovechado para visitar a algunos amigos. Indefectiblemente, cuando uno viaja se interesa por los ámbitos que le son más conocidos. En mi caso el deporte municipal y su relación con el tejido asociativo.

El derecho de asociación es uno de los derechos fundamentales de los españoles (artículo 22 de la Constitución). Y la legislación vigente ampara a todo tipo de asociaciones (si son lícitas, por supuesto).

Por ello siempre me ha llamado la atención que los clubes deportivos dispusieran de legislación propia. No dejan de ser asociaciones, por lo que la legislación general en esta materia debería serles de aplicación.

Incluso existe diferenciadamente un Registro de Asociaciones, ya transferido a las comunidades autónomas, y un Registro de Entidades Deportivas en el que se inscriben en cada región tanto clubes como federaciones. Es como si el legislador otorgara un estatus superior al movimiento deportivo sobre otros movimientos asociativos al mostrar una preocupación especial por él.

No dejo de ver con curiosidad que clubes y federaciones, que funcionan como cualquier otra asociación —régimen presidencialista, Asamblea soberana y una Junta ejecutiva— tengan un tratamiento distinto, lo que ha sido fuente de disgustos para más de uno.

Dejando mi particular asombro atrás, retomo la crónica de una de esas visitas a casa de un amigo, directivo de un club local en una comunidad autónoma limítrofe con países del Cantábrico.

Tuve ocasión de departir con algunos miembros de la Junta directiva sobre un proceso en el que se hallaban inmersos. Hablamos en líneas estratégicas, sin entrar en pormenores.

Para dar a mi paciente lector una idea general de la situación omitiendo entrar en detalles reveladores, diré que este club estaba reivindicando un asunto en el que sin duda alguna les asistía la razón.

El conflicto les oponía a una empresa privada de mediano tamaño que opera en la localidad. Dado que no disputaban con una Administración, decidieron buscar amparo en su Administración local.

Pronto se dieron cuenta de que los intereses del Ayuntamiento (los de sus administrados) y los intereses de la persona que lo rige no convergían.

La postura personal del alcalde era próxima a la parte empresarial de este asunto, a pesar de que la razón dictaba que el Ayuntamiento debía defender los intereses del club local.

Viendo que no podrían sacar ninguna ayuda del edil, zanjaron la reunión a fin de no seguir dando más datos a quien no les iba a favorecer en nada.

Dirigieron su esperanza a la administración provincial o autonómica, pero allí les indicaron muy suavemente que no tenían intención alguna de mediar en el conflicto, habida cuenta de que la Administración más cercana al ciudadano no se implicaba en el asunto.

Explicado lo que antecede llegamos al punto en el que se encontraba la situación cuando llegué de visita a tan bello paraje.

Cualquier vía de negociación estaba bloqueada. Tan sólo quedaba una, si mis amigos querían hacer valer su derecho. La vía judicial…

Y ese era el debate.

Indisponerse con el alcalde yendo a denunciar la situación al Juzgado era algo que había que sopesar adecuadamente. En una localidad de unos 5.000 habitantes está todo atado y controlado por los poderes fácticos.

De los directivos del club, quien más quien menos tenía su pequeña empresa familiar en el pueblo. Llevarle la contraria al regidor supondría un rosario de dificultades con el que a buen seguro se iban a topar cuando acudieran al Consistorio para cualquier mejora en sus negocios. Aunque se tratara sólo del arreglo de la acera delante de la carnicería. Y facilidades, por descontado, tampoco iban a encontrar ninguna.

Quien tenía un hotelito rural lo veía más negro. Casi todas las licencias que precisan estos negocios pasan por el ayuntamiento; no digamos ya si el alcalde tiene alguna amistad por la Consejería de Turismo… Para joder a un prójimo sí que se da la transferencia de datos presta y diligente entre Administraciones.

Aunque la persona jurídica que presentara la denuncia fuera la asociación, cualquiera sabe ya a estas alturas que la vendetta administrativa es un hecho en nuestro país. Mis amigos lo sabían, y el regidor era consciente de que ellos lo sabían. Por eso tal vez se permitió, en un alarde de chulería, retarles a que «tuvieran huevos» a denunciar a la empresa privada.

Hay que contar además con el desgaste económico. Ir a juicio le cuesta a un club modesto, sólo entre gastos de abogado y procurador, una cantidad que tienen ya destinada a promoción deportiva. Y un segundo juicio (la inevitable apelación) no es soportable por las arcas de una asociación deportiva modesta. La empresa lo sabía también y de eso se estaba aprovechando.

Cerrada por inviabilidad económica esta vía judicial tan sólo resta la denuncia social. Pero acudir a los medios de comunicación para “denunciar” la situación sólo tiene un valor testimonial.

No es creíble amenazar a la empresa con llevarles a juicio. Quien tiene voluntad de demandar lo hace y quien amenaza con hacerlo desde la prensa es porque no tiene propósito de llevarlo adelante.

Por otro lado esa denuncia social sólo tiene la vigencia del medio en el que se hace. Al día siguiente llegan nuevas noticias que hacen olvidar las del día anterior.

Y es que el mundo deportivo está lleno de injusticias.

11 de septiembre de 2007

Actualización del 23 de diciembre de 2007 a las 02:23 horas

Se remata este tema con el artículo “Ventajas y oportunidades”, del 21 de diciembre de 2007.

Versión imprimible

Deja tu opinión

Este artículo se publicó el 11.09.2007 (Martes) a las 00:23:53 y está archivado en Magenta. Puedes seguir cualquier comentario a este artículo por el RSS 2.0 feed. Puedes responder, o hacer trackback desde tu propia web.