Las Administraciones locales han ido asumiendo paulatinamente competencias en servicios prestados al ciudadano.

Pero esos servicios han generado unos gastos que difícilmente pueden llegar a sufragarse con las arcas municipales, lo que nos deja en la actual situación de endeudamiento de los ayuntamientos.

La culpa, como siempre, es de otros. Es de la Administración del Estado o de la Administración Autonómica, que no ceden ni un duro de la recaudación de los impuestos.

La solución hasta ahora ha sido gravar al ciudadano en los impuestos que los ayuntamientos tienen a mano. Por lo que nos encontramos con que todos esos impuestos están en los límites máximos que permite la ley.

Pero ésta es sólo una parte de la historia. La parte que se ve. Pero no es necesariamente la parte con mayor veracidad.

Existe otra realidad que permanece oculta y por lo tanto no es visible para un observador poco avisado.

Al frente de los Ayuntamientos están unas personas con su DNI personal y con sus intereses particulares. Son los llamados Alcaldes, esos vecinos que por arte de birlibirloque han llegado un día al Consistorio con tanta formación para el cargo como la que tenían el día de reflexión previo a la cita electoral.

Y claro, el voto es débil y es fácil caer en la tentación de ofrecer mejoras a los vecinos para que lo agradezcan llegado el momento.

Se llega a una espiral en la que se ofrece más de lo que se puede mantener. O dicho en palabras domésticas, se gasta más de lo que se ingresa.

Entramos en ese síndrome del 6 de enero que definí en el artículo enlazado, y vengan inauguraciones que finalizan en inundaciones. Las instalaciones necesitan de un mantenimiento y de una amortización. Y al cabo de seis meses el alcalde de turno no tiene empacho alguno en cerrar el Aula de la Montaña, o la Cueva de Perico, que fueron inauguradas a bombo y platillos.

No es el caso de los polideportivos y de las piscinas municipales, prácticamente imposibles de cerrar. Que sí, que está bien que todo el mundo haga deporte. Pero cada cual debe ser consciente de donde vive, y quien resida en Villanochetoledana no puede pretender que se le presten los mismos servicios que en la capital de la provincia, ni los de aquí tener los mismos servicios que en Madrid o Barcelona.

Y en esto el legislador ha sido sabio y ha dispuesto una serie de servicios imprescindibles que deben prestarse en todos los ayuntamientos.

Y ha dispuesto también que en función del número de habitantes de cada municipio los servicios obligatorios a prestar aumenten.

En la Ley 7/85, de Bases del Régimen Local, (artículo 26) encontramos que el legislador ha tenido en cuenta que sólo los municipios de más de 20.000 habitantes son los que deben ofrecer obligatoriamente instalaciones deportivas de uso público.

¿Cómo hemos podido llegar a la actual situación en la que prácticamente cada pueblo de 5.000 habitantes dispone de un polideportivo municipal? Los gastos de esta instalación no son pocos. Pongamos luz y agua, y calefacción en los que la haya. Y pongamos también los gastos de personal.

Sí, claro, que la gente que trabaja ha de cobrar un sueldo para poder vivir y poder seguir prestando el servicio al que están asignados. Encargados y recepcionistas, personal de limpieza y monitorado, administrativos y personal de mantenimiento…

¿Cómo es posible con los impuestos de 5.000 almas pretender mantener un servicio público que te viene grande sin que sea una carga para los dineros municipales? Tengamos en cuenta que la ley de tasas sólo permite cobrar el coste real del servicio.

Pero el coste real del servicio no es el coste real que el ayuntamiento ha de soportar, sino el coste real del servicio prestado. El polideportivo del pueblo, y no digamos la piscina municipal, siguen costando dinero cuando están cerrados.

¿No hubiera sido mejor renunciar desde un principio a esos servicios deportivos para los que el municipio no disponía de fondos? O mejor aún, ¿no hubiera sido mejor mancomunar estos servicios deportivos entre varios municipios, contribuyendo así al ahorro nacional?

Pues no, porque hay que ganar unas elecciones cada cuatro años a base de inaugurar obras. La culpa… de la Administración inmediatamente superior, ¡cómo no!

17 de noviembre de 2006