Parece que el panorama deportivo nacional ha entrado en una de esas crisis que provoca el enfrentamiento entre aficionados que comparten pasión.

El motivo no es otro que la no-convocatoria de Raúl, ese jugador del Real Madrid, en la selección de la federación española.

Asunto de índole nacional que incluso ha sido comidilla en algunos pasillos parlamentarios, de los veinte que tenemos en el país. Se ve que sus señorías también opinan en asunto futboleros.

Suerte tenemos de que sus ilustrísimas tengan bien claro que discutir asunto tan banal como es esto del fútbol no puede dejar de ser un pasarratos entre sesión y sesión, a la espera de las en verdad importantes discusiones que se avecinan en los próximos meses: la aprobación de los correspondientes Presupuestos.

Entre tanto, el aficionado de a pie se lanza con frenesí vehemente a defender su postura contra la del vecino, que es tan loable como la de él.

Que Raúl vaya a la selección o deje de ir sólo puede influir en su propio caché. A dios gracias no influye en la deuda exterior, ni en el IBEX 35, ni en el EURIBOR, ni en el PIB, ni en el IPC, cifras y siglas que sí rigen nuestra vida diaria aunque no seamos conscientes de ello.

Y entre la decisión técnica de prescindir de sus servicios y la bronca montada en el Bar Tolo existe una correa transmisora que no es otra que la prensa deportivesca española. Desde el minarete del sensacionalismo se prepara la polémica allí donde ni la hay ni debe haberla para así vender el periódico de mañana.

Pero lo grave a juicio de este observador no es que Raúl juegue o deje de jugar con la selección de la federación española. Lo grave es que trabajadores de una entidad privada, como son las SAD, se vean obligados a prestar sus servicios profesionales para otra entidad privada como es una federación española.

Estos trabajadores son exhortados por una inmaterial y maleable “opinión pública (¹)” a —supuestamente— defender los colores de su país en lo que en realidad no es más que un mercado de transacciones económicas.

Conseguimos en este país eximir a nuestros hijos de prestar el servicio militar obligatorio, que alguien definió como un secuestro a la cara, y ahora una serie de empresas privadas (SAD) se ven obligadas a ceder sus trabajadores a otra entidad privada (federación española) que hace pingües negocios con esas cesiones escudándose en un mal entendido patriotismo.

Urge aclarar todo este tinglado, inexplicable en el marco laboral y mercantil que disfrutamos en Europa, pero los poderes públicos siguen mirando hacia otra parte en connivencia con las federaciones internacionales que se benefician de estos “secuestros laborales”.

Se precisará a buen seguro otro Bosman que lleve el asunto a Estrasburgo, donde alguien podría quejarse de injerencias e incluso de extorsión para realizar la finalidad de la empresa.

O tal vez llegue alguien desde el otro lado del Atlántico con la denuncia y el dinero; será un proceso largo pero exitoso.

←(¹) La opinión pública no es lo que opina el público, sino lo que puede ser opinado en público.

6 de octubre de 2006

Postdata: esta raulitis me ha traído a la memoria aquella fábula, Los dos conejos, del maestro Iriarte.