Estos días está en boca y en la mente de todos el caso Marbella. Un caso del que, y hasta que el juez dicte sentencia, sólo se puede decir que es posible que la clase política dirigente se haya enriquecido con tácticas nada legales.
Aparece entre toda esta vorágine de información el caso de una persona —evitaré dar su nombre para no hacerle una publicidad que no merece— que llegó a Marbella en un utilitario de los más baratos del mercado, que fue desalojado por impago de su vivienda, que solicitó empleo en las oficinas del INEM, y que terminó siendo la mente que dirigía la ciudad marbellí en un sentido un tanto oscuro.
La semana pasada, en un programa radiofónico nocturno, se analizaban algunas de las informaciones que han visto la luz pública.
Y explicaban, y creo que todos los oyentes coincidíamos, que la escalada social y económica de la tal persona era de envidiar salvo por un detalle, y es que se había enriquecido a costa del dinero público. Terrible detalle, porque el dinero público es sacratísimo, en la acepción más amplia del término.
En nuestra sociedad es de alabar la tenacidad de las personas que se enriquecen legalmente, con un trabajo ímprobo. Las personas que se enriquecen con prácticas más bien poco morales, pero que no causan daños irreparables —como la muerte, por ejemplo, o el tráfico de seres humanos, por poner otro ejemplo— y que solamente han perjudicado a otras mentes avaras y codiciosas, son también ensalzadas en nuestra sociedad.
Así, los que roban a los ricos para enriquecerse ellos, en una versión moderna del Robin Hood de los bosques de Sherwood, no suelen ser criticados por el resto de sus conciudadanos. Al contrario, se suele hablar bien de su gesta. Y si dan con sus huesos en la cárcel, el vulgo lamenta la mala suerte del reo.
Sin embargo, quien roba dinero público —que por otro lado suele estar indefenso, lo que no me acabo de explicar— es vilipendiado por la ciudadanía, como no puede ser menos.
El caso destapado en Marbella mezcla en diferentes proporciones elementos de los comentados en los párrafos precedentes. El punto negro lo supone la especulación y el enriquecimiento con el dinero público, con el dinero de todos. Y es que una vez que un monto pasa a ser propiedad de una Administración es dinero público y nos pertenece a todos, no solamente —en este caso— a los marbellíes.
Dirán quienes paseen su mirada por estos apuntes siempre cáusticos que qué diantres tiene esto que ver con la esfera del deporte de la que se trata siempre en esta Aguja de Bitácora.
No recordaré que el anterior alcalde marbellí era el presidente de una SAD de las más punteras de este país. Si existe alguna relación lo demostrará la pertinente investigación, por lo que no nos aventuraremos en estos fangos.
El caso de Marbella —con su chabacanería glamurosa y con su glamur chabacano— ha abierto aquella mítica caja de los truenos. Es la primera vez en la historia de la última democracia española —hace muchos años ya hubo democracia en España, pero en aquella ocasión todos los españoles sí que eran iguales ante la ley— que el Estado interviene y disuelve un Ayuntamiento.
Y la experiencia da para pensar que a partir de ahora se seguirán algunas actuaciones similares. Posiblemente con casos que de por sí no hubieran destapado la famosa cajita de Pandora, pero dado que la puerta ha quedado abierta les será más fácil salir a la luz pública.
Junto con esos posibles escándalos que estaríamos a punto de presenciar habría que pedir cuentas del destino de todos esos millones y millones de pesetas públicas que han ido a parar a las arcas de las SAD, lo que en realidad quiere decir que han ido a parar a las manos prestidigitadoras de algunos personajes que estaban o están todavía en esas SAD. Y digo manos prestidigitadoras porque con el dinero público han hecho eso de “ahora lo ves, ahora no lo ves”.
El dinero de todos no sólo ha ido a parar a las arcas insondables de las SAD en forma de patrocinios innecesarios, de colaboraciones desinteresadas, de aportaciones ingenuas, de subvenciones inexplicables, de inversiones a fondo perdido, y de mil formas más que los ingenieros financieros ponen en escena para sortear la legalidad vigente cada día.
También han sido malversados financiando proyectos para los que los dineros públicos no estaban destinados. Entre otros muchos, proyectos deportivos que no han supuesto beneficio alguno para nadie, salvo para el alcalde o para el partido político en el poder. Beneficios en imagen que se traducen en votos siguiendo no sé qué dictados de los deseos de la opinión pública justificados por los sondeos y encuestas de rigor.
Quienes deben ser destinatarios de esas aportaciones dinerarias desde las instituciones públicas —hablo de las aportaciones destinadas al deporte— son las federaciones y agrupaciones deportivas legalmente reconocidas por los poderes públicos; en el ámbito local los receptores han de ser las entidades deportivas legalmente constituidas que colaboren con las Administraciones locales en la consecución de sus fines, siempre ateniéndose a criterios de justeza. Lo demás, es malversar dinero público entregándoselo a prestidigitadores.
Que les gustaría un ejemplo… Pues visiten esta noticia:
Los patrocinios, el medio no convencional que más crece
El marketing con causa gana enteros entre las empresas
Después de leer la noticia a mí me entra la risa floja. Es como si para justificar un desmán sirviera con darle un nombre al despropósito, queriendo hacer bueno aquel proverbio chino: “el principio de la sabiduría radica en darle a las cosas el nombre apropiado”.
Pero se olvidan de que en esta ocasión se trata de dinero público. Mucho naming rights y mucha gaita, pero en el país en el que se puso en boga esta modalidad de patrocinio (los tan criticados USA) se ha recurrido a grandes empresas, a multinacionales que entienden que ese tipo de patrocinios les es ventajoso, y nunca a una Administración pública.
Díganme qué ventaja obtiene la Comunidad Foral de Navarra con este dichoso naming rights y qué ventaja obtienen los ciudadanos con ello. Sí, claro, beneficios intangibles e incuantificables, como se decía en mi último artículo. El dinero público no es para entregárselo a prestidigitadores. ¿A quién compete su custodia y por qué no interviene? ¿Aguardará a que la situación alcance dimensiones insostenibles como las del caso Marbella?
14 de abril de 2006
75º Aniversario de nuestra República 
Actualización del 14.04.2006 a las 03:50 h.
Dejo aquí un enlace al Buzón de Alcance en el que se comenta, a raíz de otro artículo, un caso de entrega millonaria de fondos públicos en forma de terrenos de dominio público a una entidad privada deportiva dedicada al fútbol, y que ya ha sido declarado ilegal por la Justicia española.
http://www.agujadebitacora.com/2006/04/desgobiernos-municipales/trackback/







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