Hace ya más de cien años que se inició el último proceso por el que se ha llegado al concepto actual de deporte. Fue un proceso evolutivo en el cual se han podido fijar algunas fechas en las que se consumó lo que podríamos llamar un “cambio de paradigma”.

El sistema deportivo se fue construyendo para satisfacer el futuro más inmediato, las demandas que en aquél entonces se planteaban a corto plazo. Los conceptos que imperan en la organización deportiva de hoy en día son los que sirvieron a nuestros predecesores para resolver sus necesidades, y tal vez sus emergencias —lo urgente es enemigo de lo importante.

Este sistema de organización deportiva es la herencia que nos ha llegado.

Pero nadie se ha parado a reflexionar sobre el hecho —constatable— de que la realidad presente ha cambiado con respecto al pasado precursor del deporte de hoy, y sobre el hecho —demostrable— de que estrategias que fueron válidas en 1880 ó en 1910 para resolver los problemas de aquellos años no son óptimas para el deporte de 1991 ó de 2006.

Lo que se ha venido haciendo es ir legislando, absorbiendo la realidad que se vivía en cada momento, para paliar los problemas que se presentaban a cada paso que se daba. Pero hubiera sido más positivo, llegado a cierto punto, pararse a crear un nuevo sistema y un nuevo orden con el que asimilar los cambios que se han operado en el mundo deportivo y que han dado como consecuencia el aparato deportivo que tenemos en Europa y que todos calificamos como insuficiente. Cuanto más tiempo transcurra más traumático será introducir cambios en un sistema que se retuerce de dolor y se anquilosa precisamente por estar arraigado en el pasado.

Hecha esta introducción, la Aguja de Bitácora, en su no siempre bien entendida finalidad de crítica constructiva, precisamente por mantenerse fiel a sus principios de mordacidad, acidez y causticidad en los escritos, propone que se practiquen ciertos cambios en el escenario deportivo.

Evidentemente un “cambio de paradigma” no conviene a quien tiene la sartén por el mango porque de resultas de los cambios podría terminar formando parte de la sartenada. Es por ello que las transformaciones no se producen fácilmente en un mundo como el nuestro. Pero ya que la labor de imaginar un futuro mejor no me va a costar ni un duro, me aplicaré en la tarea de escribir, cosa a la que he ido cogiendo el gustillo en estos veinte meses.

En el principio los dirigentes deportivos estimaron conveniente que el colectivo arbitral debía integrarse en la organización propia de cada deporte. Muy posiblemente se tratara en aquél entonces de una medida de lo más práctica. Hoy vemos, sobremanera en los deportes más populares, los problemas que ello causa.

El cambio que se propone será para algunos sorprendente; para otros quizá simplemente sea una aberración. Se trata de sacar al estamento arbitral del tinglado federativo. Cuando digo esto no sólo tengo en mente el circo del deporte profesional; recordemos que también son imprescindibles los árbitros en la última liga autonómica.

Antes de demonizarme dejen que les explique las ventajas que se pueden derivar de este acto. El objetivo es apartar a los árbitros de las presiones y de las manipulaciones federativas. Los árbitros se encuentran pobremente representados en las asambleas en proporción a la importancia que tienen para la competición —verdadera razón de ser de las federaciones deportivas.

Los árbitros se encuentran rodeados en las asambleas federativas por tres estamentos: clubes, deportistas y técnicos. Estos tres estamentos conforman la vida de los clubes —que son quienes compiten, en oposición a quienes dirigen esa competición— dejando un mínimo porcentaje destinado a la toma de decisiones en los jueces y árbitros. ¿Qué pintan los árbitros dentro de este tejemaneje? Separando al arbitraje de la vorágine federativa estaremos dotando a los infelices trencillas de independencia.

¿Y dónde encuadramos a los árbitros españoles? Pues aporto dos opciones. La primera es crear una federación de árbitros. Es decir, un organismo paralelo a las federaciones deportivas. Ahí estarían implicados los árbitros de todas las modalidades deportivas reconocidas por el CSD. Dado que esta opción daría mucho de sí, dejaré para otro momento su análisis.

La otra opción para encuadrar al colectivo arbitral es en el propio CSD. La Secretaría de Estado debería crear para ello una sección con la que dar amparo a todo el arbitraje nacional. Evidentemente habría que organizar lo que podría ser, si hubiera voluntad, una Subsecretaría de Estado para el Arbitraje. Con esta acción el arbitraje sería elevado por encima de las federaciones deportivas en el organigrama deportivo nacional, reconociéndole la importancia que merece.

Pero cualquier acción que se emprenda precisará de justificación desde el punto de vista legal. Dado que la organización de los campeonatos deportivos oficiales es una competencia administrativa (ver artículo 3.1.a del Real Decreto 1835/1991, sobre federaciones deportivas españolas), parece claro que el arbitraje debe ser amparado por las Administraiciones, y no dejar a los árbitros en medio de un despiadado cruce de intereses sin apenas representación en las asambleas federativas.

De forma análoga al Estado, las Administraciones autonómicas se reservan en sus legislaciones, como función pública de carácter administrativo, las competiciones de carácter regional. Cada Administración deberá amparar sus competiciones.

Una vez con el sistema arbitral fuera del alcance de los depredadores federativos, comenzaría una labor de construcción.

Pero la implicación de la Administración debe ir más allá que ofrecer un domicilio social al nuevo estamento arbitral. Serán las Administraciones quienes deban garantizar las percepciones que se devenguen en concepto de arbitrajes por las competiciones oficiales.

Las direcciones generales de deportes de las comunidades autónomas deberían garantizar las percepciones por derechos de arbitraje que las federaciones y clubes que participen en las competiciones deben satisfacer. Los gastos derivados por el arbitraje en las ligas nacionales serían garantizados por la Administración central —a través del CSD— mediante los ingresos de federaciones y de los clubes participantes. Pero con ello se podría dar categoría de tasas a los derechos arbitrales, con todo lo que ello supone.

En cuanto a los circos deportivos profesionales entre los que encuadro las dos primeras divisiones del fútbol español, la ACB, la ASOBAL, las ligas profesionales de voleibol y fútbol sala y otros circos profesionales, la cosa está muy clara: los gastos arbitrales serían costeados por los equipos participantes más un canon que a continuación explicaré.

Serían los árbitros bajo la supervisión de las Administraciones quienes propondrían los precios que se han de cobrar por esas tasas arbitrales. Los circos deportivos profesionales pagarían además un canon por los arbitrajes —un dinero extra— que iría destinado a la formación de nuevos árbitros.

Los cursos de formación de nuevos árbitros deberán ser costeados con esas cantidades y por las Administraciones, y no por los interesados como ocurre en la actualidad. Esto supondría una acción de fomento del arbitraje, acción que se reserva en nuestra legislación a las Administraciones.

A buen seguro que los árbitros, una vez reunidos todos ellos en un ente administrativo común, encontrarán afinidades y se podrán rentabilizar ciertas inversiones.

4 de abril de 2006