La política es el arte de buscar problemas,
encontrarlos, hacer un diagnóstico falso
y aplicar después los remedios equivocados
Groucho Marx

En el artículo anterior avanzaba mi opinión de que se está cometiendo un error de base, que son los menos fáciles de detectar, en el asunto de la legislación antidopaje con la que nos va a regalar nuestro Gobierno español. Allí encontrará el lector recién llegado un enlace que le facilitará entrar en materia.

Todo este tinglado de la ley orgánica contra el dopaje me parece en sí una farsa; una gran farsa. Convinimos en el anterior artículo que la competición se desarrolla en la esfera privada. Alguien con dinero suficiente organiza un macroevento deportivo con el fin de que los mejores del mundo compitan en el campeonato por él organizado.

Si en esa competición no existen controles antidopaje, yo me podré dopar. Si el organizador del superevento decide que haya controles antidopaje, por la cuenta que me tiene no me doparé, porque ello supondría verme apartado del premio final.

En el ámbito internacional la sociedad comienza a rechazar las competiciones en las que el dopaje no está vigilado. La pésima imagen que crea la duda acabará haciendo que los organizadores del megaevento (llámese Tour de Francia o NBA o Fórmula 1) lleven a cabo sus propios controles antidopaje en un efecto similar al que se ha conseguido con el tabaco; hoy en día no se ve al conductor de un debate televisivo humeando por boca y fosas nasales —¡qué asco de imagen!

Decía que el Gobierno español es cómplice de una farsa porque se ha propuesto sancionar civilmente a los competidores en un evento deportivo de índole privada sin esperar a que el mundo del deporte tome sus medidas.

Sin embargo en las pruebas físicas que el propio Estado realiza, ni impone controles antidopaje ni sancionará especialmente al infractor. Me estoy refiriendo a todas esas pruebas físicas para acceder a un puesto de trabajo de la Administración: bomberos, policía, ejército, Guardia Civil, funcionarios de prisiones, policía local, socorristas, guardamontes… Tampoco analizan a los estudiantes que se “meten” todo tipo de drogas que potencian la asimilación y la memoria para comparecer a exámenes fin de carrera, doctorados, oposiciones, cursos de postgrado y másteres, etc., etc.

Es decir, el Estado se entromete en la esfera privada del ámbito deportivo, mientras está dando trabajo a los “tramposos”, como se ha comenzado a llamar a quienes dan positivo en un control antidopaje.

Señor Lissavetzky, señores y señoras del Gobierno; están ustedes cometiendo un error cuando pretenden abanderar la lucha mundial contra el dopaje. Que seamos quijotes no quiere decir que renunciemos a aprender de nuestros errores para no hacer más ridículos.

Con este asunto del dopaje están ustedes cometiendo el mismo error que cometieron en su día con el asunto de la Constitución Europea. Todos ustedes, gobierno y oposición, nos llevaron a abanderar las votaciones para la Constitución Europea. En mi opinión hicimos un ridículo internacional. Tanta prisa, tanta prisa —¡seremos los primeros!, nos arengaban ustedes—, y los listos prefirieron votar en último lugar. Además de la dignidad, perdimos un montón de dinero que espero nos haya sido reintegrado por la Unión Europea. Conejillos de Indias que fuimos, ¡vaya!

Con el tema del dopaje puede ocurrir tres cuartos de lo mismo. Jaime I “Azote de dopados” parece haberse propuesto ganar un puesto en el COI cuando acabe su estadía en el CSD aunque para ello deba convertirnos a todos los deportistas españoles en cobayas de una legislación “avanzada”.

Pero si no hace falta amenazar con penas de cárcel, señor mío; el mundo del deporte se sobra y se basta él solito para acabar con el dopaje; eso sí, convendría regular las percepciones económicas estratosféricas de algunos deportistas; legislen ustedes en esa vía y dejen que las federaciones regulen por la vía privada.

Con la exclusión de la competición por dos y por cuatro años en las dos primeras ocasiones que alguien dé positivo en un control antidopaje ya casi se finaliza la vida deportiva del atleta. A la tercera vez, una exclusión de por vida. Para lo que se ha dado en llamar el entorno del deportista cabrían menos miramientos; cuatro años en la primera ocasión y exclusión de por vida en la segunda vez que alguien sea sorprendido “envenenando” a un deportista.

Para el caso de los médicos, a los que el juramento hipocrático ya les debería inhibir de prestarse a dopar a nadie, hace un tiempo que dejé en esta Aguja de Bitácora mi propuesta para atajar sus manipulaciones.

Una acción interesante a emprender es la colaboración de todas las federaciones deportivas mediante una base de datos de excluidos en la competición deportiva de forma que durante la vigencia de la sanción el castigado no pueda tomar parte en ninguna competición federada. Ni siquiera en una competición regional de ningún deporte; sin rebajas ni fisuras.

La federación internacional que no respete y aplique la normativa internacional será apartada por diez años de debates, cumbres, Juegos Olímpicos, subvenciones de los Estados a las federaciones nacionales de la modalidad para su participación en competición internacional; y lo más importante, la negativa a acudir con las selecciones nacionales a competiciones internacionales de la modalidad y no facilitar la organización de eventos internacionales dentro de las fronteras de los países firmantes del acuerdo. Aquí sí que haría falta el apoyo de los Estados al mundo del deporte. Apoyo, que no intromisión.

El mundo del deporte es capaz de purgarse a sí mismo sin necesidad de padecer el intervencionismo del Estado; el peligro es que el Estado no es solamente un ente impersonal, sino que lo integran personas físicas con sus intereses particulares, entre ellos la promoción y la proyección personal.

En el próximo artículo concluiré estas notas sobre la intromisión del Estado en otro feo asunto, como es el de las actitudes racistas en el ámbito deportivo.

24 de marzo de 2006

Donde comienza el Estado, allí termina el hombre
Nietzche

El Gobierno español ha aprobado estos días el proyecto de ley orgánica contra el dopaje. Nos han venido avisando —Lissavetzky más parecía que amenazando— de que esta ley que vela por la salud del ciudadano propondría un resultado de cárcel para los instigadores al dopaje.

Igualmente se ha aprobado el anteproyecto de ley contra la violencia y el racismo. Como ya es costumbre en este foro, dejaré un enlace a la noticia comentada; en este caso a la que aparecía en El Mundo Deporte.

No podré evitar dar mi impresión sobre tan estruendosos preceptos, pero no lo haré sobre la ley que se nos viene encima, sino sobre su necesidad, su conveniencia, su oportunidad y su “legalidad”.

Pero antes de que alguien se llame a engaño, déjenme decirles que ambas acciones deben ser aplaudidas por la Aguja de Bitácora ya que en numerosas ocasiones me he pronunciado alto y claro en contra del dopaje, del racismo, de la violencia y en contra de todo aquello que atenta contra el saber hacer, el saber estar y el saber ser en el deporte.

Soy de la opinión de que en todo este ir y venir de proyectos y anteproyectos hay algo que los poderes públicos no nos han explicado. Y es precisamente la autoridad con la que han irrumpido en el mundo del deporte.

El deporte de competición en España se canaliza a través de las federaciones, y las federaciones son asociaciones privadas. Eso al menos reza en la Ley del Deporte (Capítulo III del Título III) y en el Real Decreto que regula las federaciones (artículo 1.1).

No voy a ir más allá, porque entraríamos en barrena en el sentido que puede adquirir el asociacionismo privado en el mundo del deporte, y eso implica un debate más extenso. Quedémonos con que son asociaciones privadas constituidas por personas jurídicas —los clubes— y por federaciones de ámbito regional en el caso de las federaciones nacionales.

La regulación de la competición, pues, está en manos de las federaciones. Eso sí, la legislación sobre el particular nos dice también que la organización de los campeonatos de España es una tarea administrativa delegada en las federaciones (artículo 3.1.a. del Real Decreto enlazado más arriba).

O sea, que al Estado corresponde determinar quienes son los campeones nacionales, aunque confía —delega— esa función a las federaciones españolas. Pero yo no sé muy bien para qué.

Para la participación en competiciones internacionales de los campeones de España se precisa que las federaciones nacionales estén inscritas en las correspondientes federaciones internacionales —que son también entidades privadas—; y, obviamente, las federaciones internacionales están constituidas por federaciones nacionales y no por países. Es evidente que una federación internacional reconocerá a una federación nacional y que la integrará, pero nunca reconocerá a un país, pues ello sería el colmo del despropósito.

Dejemos aquí esta disertación sobre la privacidad de las federaciones deportivas (regionales, nacionales e internacionales) porque ya ha sido tratada en otro momento con anterioridad en esta Aguja de Bitácora.

Vamos viendo ya cómo el Estado se ha inmiscuido desde el principio en el asunto deportivo. Esta intromisión ha sido trocada muy hábilmente por tutela, y para facilitar la tarea de aceptación por parte del tejido deportivo se ha hecho acompañar la treta con la acción de subvención. Pero ya sabemos que la subvención domestica al individuo y al colectivo.

El caso es que los políticos, que son quienes conforman el Estado, se han asegurado desde el principio de poder tener las manos en un entramado —el deportivo— que en principio quedaba fuera de su alcance. Entre los intereses del profesionalismo por un lado y las tramas y presiones políticas por otro, el deporte está como está. Y está, entre otras cosas, dopado —si no fuera así no estaríamos hablando de lo que estamos hablando en este momento.

Al fin y al cabo el patrocinador pone el dinero para el sustento del deportista profesional. Pero el Estado, que no pone más que trabas, ahora se erige en adalid y paladín de la lucha contra el dopaje, después de exigir resultados a las federaciones; éstas a su vez exprimen a los deportistas hasta el punto de llevarlos a buscar mejoras a su rendimiento en los fármacos.

Pero los Estados, y más concretamente el Estado español en este caso, en vez de legislar de forma tan draconiana bien podría cejar en su empeño de exigir puestos en el medallero internacional.

No deja de ser paradójico que el Estado español me diga que si quiero una beca para poder seguir practicando mi deporte favorito en un nivel de elite, debo obtener unas marcas mínimas, pero que me podrá sancionar civilmente si me dopo (y no con drogas prohibidas precisamente).

A nada que rebajaran su nivel de exigencia, seguro que mis opciones no pasarían nunca por doparme. Tal vez sea el mismo Estado español que me avisa con sancionarme quien me esté impulsando a doparme ya que mis rivales consiguen mejores marcas que las mías simplemente porque sí aceptan el riesgo de tener ayudas extras y no son sorprendidos haciéndolo. Como ya digo, no deja de ser paradójico.

Pero de esto les hablaré en el siguiente artículo, si ustedes desean seguirme.

21 de marzo de 2006