Donde comienza el Estado, allí termina el hombre
Nietzche

El Gobierno español ha aprobado estos días el proyecto de ley orgánica contra el dopaje. Nos han venido avisando —Lissavetzky más parecía que amenazando— de que esta ley que vela por la salud del ciudadano propondría un resultado de cárcel para los instigadores al dopaje.

Igualmente se ha aprobado el anteproyecto de ley contra la violencia y el racismo. Como ya es costumbre en este foro, dejaré un enlace a la noticia comentada; en este caso a la que aparecía en El Mundo Deporte.

No podré evitar dar mi impresión sobre tan estruendosos preceptos, pero no lo haré sobre la ley que se nos viene encima, sino sobre su necesidad, su conveniencia, su oportunidad y su “legalidad”.

Pero antes de que alguien se llame a engaño, déjenme decirles que ambas acciones deben ser aplaudidas por la Aguja de Bitácora ya que en numerosas ocasiones me he pronunciado alto y claro en contra del dopaje, del racismo, de la violencia y en contra de todo aquello que atenta contra el saber hacer, el saber estar y el saber ser en el deporte.

Soy de la opinión de que en todo este ir y venir de proyectos y anteproyectos hay algo que los poderes públicos no nos han explicado. Y es precisamente la autoridad con la que han irrumpido en el mundo del deporte.

El deporte de competición en España se canaliza a través de las federaciones, y las federaciones son asociaciones privadas. Eso al menos reza en la Ley del Deporte (Capítulo III del Título III) y en el Real Decreto que regula las federaciones (artículo 1.1).

No voy a ir más allá, porque entraríamos en barrena en el sentido que puede adquirir el asociacionismo privado en el mundo del deporte, y eso implica un debate más extenso. Quedémonos con que son asociaciones privadas constituidas por personas jurídicas —los clubes— y por federaciones de ámbito regional en el caso de las federaciones nacionales.

La regulación de la competición, pues, está en manos de las federaciones. Eso sí, la legislación sobre el particular nos dice también que la organización de los campeonatos de España es una tarea administrativa delegada en las federaciones (artículo 3.1.a. del Real Decreto enlazado más arriba).

O sea, que al Estado corresponde determinar quienes son los campeones nacionales, aunque confía —delega— esa función a las federaciones españolas. Pero yo no sé muy bien para qué.

Para la participación en competiciones internacionales de los campeones de España se precisa que las federaciones nacionales estén inscritas en las correspondientes federaciones internacionales —que son también entidades privadas—; y, obviamente, las federaciones internacionales están constituidas por federaciones nacionales y no por países. Es evidente que una federación internacional reconocerá a una federación nacional y que la integrará, pero nunca reconocerá a un país, pues ello sería el colmo del despropósito.

Dejemos aquí esta disertación sobre la privacidad de las federaciones deportivas (regionales, nacionales e internacionales) porque ya ha sido tratada en otro momento con anterioridad en esta Aguja de Bitácora.

Vamos viendo ya cómo el Estado se ha inmiscuido desde el principio en el asunto deportivo. Esta intromisión ha sido trocada muy hábilmente por tutela, y para facilitar la tarea de aceptación por parte del tejido deportivo se ha hecho acompañar la treta con la acción de subvención. Pero ya sabemos que la subvención domestica al individuo y al colectivo.

El caso es que los políticos, que son quienes conforman el Estado, se han asegurado desde el principio de poder tener las manos en un entramado —el deportivo— que en principio quedaba fuera de su alcance. Entre los intereses del profesionalismo por un lado y las tramas y presiones políticas por otro, el deporte está como está. Y está, entre otras cosas, dopado —si no fuera así no estaríamos hablando de lo que estamos hablando en este momento.

Al fin y al cabo el patrocinador pone el dinero para el sustento del deportista profesional. Pero el Estado, que no pone más que trabas, ahora se erige en adalid y paladín de la lucha contra el dopaje, después de exigir resultados a las federaciones; éstas a su vez exprimen a los deportistas hasta el punto de llevarlos a buscar mejoras a su rendimiento en los fármacos.

Pero los Estados, y más concretamente el Estado español en este caso, en vez de legislar de forma tan draconiana bien podría cejar en su empeño de exigir puestos en el medallero internacional.

No deja de ser paradójico que el Estado español me diga que si quiero una beca para poder seguir practicando mi deporte favorito en un nivel de elite, debo obtener unas marcas mínimas, pero que me podrá sancionar civilmente si me dopo (y no con drogas prohibidas precisamente).

A nada que rebajaran su nivel de exigencia, seguro que mis opciones no pasarían nunca por doparme. Tal vez sea el mismo Estado español que me avisa con sancionarme quien me esté impulsando a doparme ya que mis rivales consiguen mejores marcas que las mías simplemente porque sí aceptan el riesgo de tener ayudas extras y no son sorprendidos haciéndolo. Como ya digo, no deja de ser paradójico.

Pero de esto les hablaré en el siguiente artículo, si ustedes desean seguirme.

21 de marzo de 2006