“Creo que con el tiempo mereceremos no tener gobiernos”
Jorge Luis Borges

La reciente decisión de la International Roller Sports Federation (FIRS) de no admitir a la Federación Catalana de Patinaje (FCP) como miembro de pleno derecho, ha hecho un flaco favor al movimiento deportivo.

No busquen en ningún medio especializado (prensa, radio, televisión, sitios web o ciberbitácoras), valoraciones sobre este hecho. Todos callan para no salirse del guión y verse fuera del sistema. Salvo en los medios políticos, donde evidentemente se darán valoraciones políticas, nadie opina. Los periodistas deportivos, tan dados a exponer su opinión personal sobre la última alineación o el juego carente de imaginación del equipo de turno, guardan silencio ante algo que, quizá algunos, no entiendan muy bien de qué va.

Con la decisión de la FIRS se ha perdido una oportunidad para comenzar a disociar entre deporte y Estado. No existe una fecha meridiana a partir de la cual establecer el momento en el que los Estados absorben el movimiento deportivo haciéndolo propio. El Deporte (con mayúscula inicial) buscó desde sus comienzos el respaldo institucional para crecer al abrigo de presupuestos, himnos y reconocimientos patrios. La consecuencia es, y ha sido, la politización del deporte.

Tal vez la FCP no deba ser miembro de pleno derecho de la FIRS porque se encuadra dentro de un organismo de ámbito geográfico más amplio que ya está integrado en la federación internacional de la modalidad (aunque este argumento abre otro debate interesante).

Y tal vez España, con su singularidad plurinacional, o como quiera que se tenga que decir, hubiera podido abanderar internacionalmente la separación entre Estado y movimiento deportivo. En el Congreso de los Diputados se abordó la cuestión del reconocimiento internacional (pdf) de las federaciones autonómicas. Pero triunfaron razones y argumentos políticos, que no jurídicos.

Últimamente tenemos a nuestro Secretario de Estado para el Deporte, señor Lissavetzky Díez, muy ocupado en enfatizar el buen papel que la selección española de fútbol hará en el mundial. Sinceramente, no creemos que sea misión del Estado velar por el deporte espectáculo, por el deporte profesional. El Estado ya ha absorbido las competencias sobre el deporte de elite o de alto nivel, como ellos lo llaman, sin ceder a sus verdaderos protagonistas, las federaciones deportivas, la decisión sobre los planes deportivos a seguir. Les otorgan una subvención, sí, pero no son libres para decidir cómo, cuándo y dónde gastarla.

Los pioneros de la práctica deportiva estuvieron en contra de la profesionalización del deporte. Casi un siglo después va a resultar que tenían razón. Los males que arrastra el deporte profesional y el de elite o de alta competición son consecuencia de los intereses económicos que les envuelven. El sector deportivo mueve un porcentaje cada vez más importante de la Economía, y ya no hay vuelta atrás. El deporte profesional está aquí para quedarse. Incluso el COI y sus Juegos Olímpicos, Samaranch mediante, han sucumbido a sus encantos para no ver morir el sueño olímpico.

El debate ya es viejo. Si los Estados dirigen el movimiento deportivo, es de prever que todas las Administraciones dependientes jerárquicamente de ellos vayan asumiendo esas labores directivas.

Cierto que sin las Administraciones la evolución del deporte sería más lenta. Pero con el poder que poco a poco van adquiriendo, y que resoluciones como la de la FIRS respaldan, acabarán siendo los Estados-Administraciones y no los Pueblos quienes decidan qué deportes desarrollar y cuáles deben ser relegados al olvido.

De hecho esto ya es así. No existe modalidad deportiva si no existe la federación deportiva de la modalidad. Y quien reconoce esa federación deportiva es el Estado, para lo cual hay que acatar el sistema. Y esta sumisión, y la consiguiente pérdida de identidad, sólo para hacerse merecedor a una subvención del Consejo Superior de Deportes y obtener la autorización para representar a tu país.

Son las Administraciones quienes te permiten crear una federación, y te dan unos estatutos para que los cumplas. Pero no se conforman con ser los garantes de unos principios democráticos que deben regir toda asociación privada en un Estado de Derecho. La influencia de la Administración es tal que no es posible salirse del guión marcado sin entrar en la ilegalidad. Por no hablar de la caída en el juego de las exigencias deportivas, porque como no consigas la medalla que te han puesto como objetivo vas a ver recortada la subvención de la que voluntaria e inadvertidamente has empezado a depender.

Así las cosas, nos preguntamos para qué queremos dirigentes federativos. Sería más honesto, y quizá sea un futuro más próximo de lo que a muchos les gustaría, que el propio Estado interviniera las federaciones deportivas, colocando al frente a un funcionario habilitado convenientemente para el cargo, con su título universitario y sus oposiciones superadas.

Los Estados podrán, de hecho pueden, ahogar iniciativas deportivas en sus orígenes, siguiendo criterios tan políticos como la capacidad de manipulación que puedan tener sobre la iniciativa deportiva en cuestión.

Y no mencionemos si quien representa la iniciativa deportiva es díscolo, o se prevé que el colectivo sea problemático. En ese caso serán apartados y solamente les quedará la esperanza de subsistir hasta la siguiente generación, aguardando a ver si ingresa en sus filas algún futuro concejal, o futuro director general, o el hijo de algún gerifalte.

Un ayuntamiento minúsculo, de menos de 15.000 habitantes, por poner una cifra, a través de su incompetente concejal de deportes (o concejala de deportes, que el lenguaje no sexista también hay que aplicarlo en lo negativo) también tiene el poder de ahogar una actividad deportiva en su municipio, por muy educativa y formativa que ésta pueda ser. Simplemente negándole el acceso a sus instalaciones deportivas en base a criterios trasnochados e irreales. Lo mismo puede hacer el CSD, que para eso dispone de instalaciones de alto rendimiento y tecnificación deportiva. Eso sí, instalaciones municipales o regionales construidas con el dinero de los impuestos de todos; impuestos que pagamos cada vez que tomamos un café o repostamos combustible.

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28 de noviembre de 2005

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Este artículo se publicó el 28.11.2005 (Lunes) a las 23:55:07 y está archivado en Turquesa. Puedes seguir cualquier comentario a este artículo por el RSS 2.0 feed. Puedes responder, o hacer trackback desde tu propia web.